En defensa de los Espacios de Memoria

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Ante la decidía y el vaciamiento del actual gobierno provincial que encabeza María Eugenia Vidal, diputados nacionales del FPV junto a organismos de DDHH, presentaron un proyecto de ley para que sea política de estado la preservación y creación de los Espacios de Memoria.           

Hasta el 9 de diciembre pasado la provincia de Buenos Aires había señalizado 53 ex centros clandestinos de detención de los 200 que funcionaron durante la dictadura cívico militar en el territorio bonaerense. Pero esa política quedó suspendida cuando asumió la gestión de Cambiemos y por eso, junto a organismos de Derechos Humanos, el FVP presentó un proyecto de ley que busca que se convierta en política de Estado provincial el sostenimiento y desarrollo de los Espacios de Memoria ya construidos y por construir.

El proyecto fue presentado por el diputado del FPV Miguel Funes -presidente de la Comisión de DD.HH de la Cámara Baja bonaerense e impulsor de la normativa- junto a la Madre de Plaza de Mayo de La Plata Herenia Sánchez Viamonte; a Matías Moreno, de H.I.J.O.S; a los familiares de víctimas de la dictadura Claudia Favero y María Revoredo; al miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos Walter Docters y a Silvia Fontana, de Familiares de ex Detenidos Desaparecidos. La reunión fue para ir construyendo consensos alrededor del proyecto, explicó el legislador, y recordó que una copia de la propuesta le fue entregada a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

La iniciativa busca que el Ejecutivo bonaerense a través de la Secretaría de Derechos Humanos “garantice el funcionamiento y desarrollo de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar y que hoy se encuentran constituidos como ‘Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos’, arbitrando los recursos económicos, técnicos y humanos para su desarrollo pleno y gestión”, señala su primer artículo.

La propuesta apunta a recuperar a los ex centros con la participación ciudadana a través de las Mesas por la Memoria de cada localidad donde se realice una señalización, y la convocatoria a “sobrevivientes, familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria y organizaciones sociales”, detallan. También invita a propiciar la participación de universidades y otras instituciones educativas en los procesos de estudio e investigación en los espacios.

“Ante el vacío que existe por parte del Estado Nacional y Provincial en materia de DD.HH, el cual considero en franco repliegue, proponemos un proyecto de Ley que garantice el funcionamiento de los lugares constituidos como Espacios para la Memoria y la Promoción de los DDHH”, explicó Funes. Y detalló: “Además del factor humano, consideramos vital que esta ley cuente con una partida presupuestaria asignada a la Secretaría de DDHH específica para que se utilice con esos fines”.

La falta de inversión es notable, aseguró el diputado: “Una muestra es la Comisaría 5ta de La Plata donde hace dos semanas quise reunir a la comisión de DDHH pero por la lluvia el lugar estaba completamente inundado, además de que no tiene luz ni baño y tiene un auto secuestrado por la policía de esa seccional dentro del espacio de memoria”, remarcó.

El proyecto surgió luego de transcurridos casi diez meses de gobierno de María Eugenia Vidal en los que la única señalización de un ex centro clandestino fue la que se realizó en El Vesubio, en La Matanza, que que estuvo a cargo enteramente de la Municipalidad, y la única inauguración de un Espacio de Memoria fue en el ex centro El Infiero, realizado por el estado municipal de Avellaneda. Además, los que estaban en vías de construcción fueron abandonados.

“No hubo señalizaciones ni aperturas de espacios, y los que la Provincia estaba construyendo, que eran los Espacios de Las Flores, El Faro en Mar del Plata; La Comisaría 5ta y Destacamento de Arana en La Plata; y el Pozo de Banfield, quedaron abandonados y los trabajos de mantenimiento y construcción se suspendieron”, detalló Marina Vega, integrante de la Red Provincial por los DD.HH, que reúne secretarías municipales y organismos de 50 distritos de la provincia. Y remarcó en que la iniciativa está en manos de las organizaciones sociales y de derechos humanos porque “no hay acompañamiento del Estado”.

Durante la dictadura funcionaron en la provincia más de 200 ex centros clandestinos de detención que fueron registrados por el testimonio de las víctimas del Terrorismo de Estado. Muchos se fueron conociendo a partir de los relatos de los sobrevivientes durante el proceso de enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad de la última década. Hasta diciembre pasado habían sido señalizados medio centenar, y el proceso quedó suspendido el 10 de diciembre pasado.

 

Fuente: Tiempo Argentino

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